El Parlamento Europeo aprobó  nuevas normas de contratación pública y concesiones, que pretenden dar mayor margen a las autoridades públicas a la hora de adjudicar obras, bienes o servicios, y que permite introducir, por ejemplo, criterios sociales o medioambientales en las licitaciones.

La nueva legislación, que ya fue acordada con el Consejo en junio de 2013, implica una actualización de las normas de contratación pública en la UE, que por primera vez fija estándares comunes sobre contratos de concesión, con el objetivo de impulsar una competencia justa y garantizar la obtención una mayor rentabilidad del dinero, al introducir criterios de adjudicación que hacen mayor hincapié en consideraciones medioambientales, aspectos sociales e innovación.

Además, propone dar a los poderes y entidades adjudicadores la posibilidad de excluir a los operadores económicos que hayan dado muestras de no ser fiables, por ejemplo debido a incumplimientos graves o reiterados de obligaciones medioambientales o sociales, entre ellas las normas sobre accesibilidad para las personas con discapacidad, o a que hayan cometido otras formas de falta profesional grave, como infracciones de las normas sobre competencia o de los derechos de propiedad intelectual e industrial. De acuerdo a los nuevos criterios, los Gobiernos podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación.

La nueva Directiva hace referencia a los sistemas de certificación como prueba del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad establecidos en el anuncio de la licitación.
Los Estados miembros dispondrán de 2 años para transponer las disposiciones de las nuevas normas a sus respectivas legislaciones nacionales.