Por su gran capacidad de compra, que supera los US$ 6.000 millones al año, el Estado posee un efecto aglutinador. Al incorporar en sus adquisiciones criterios sustentables, aumentan los niveles de eficiencia en la gestión pública y se generan incentivos competitivos a las empresas para que desarrollen sus propias políticas en la materia.
Por ello, la Dirección ChileCompra ha coordinado y se encuentra elaborando una Política de Compras Públicas Sustentables que ha sido sometida a la sanción de distintos actores a través del Consejo Consultivo en Compras Sustentables formado por el sector público, privados, académicos y ONGs. Se trata de mejorar la calidad de vida desvinculando el crecimiento económico de la degradación ambiental, utilizando nuevas formas de producir y consumir.
Modificar el sendero de crecimiento de las economías, integrando las dimensiones ambientales y sociales.
La Política de Compras Sustentables tiene por objetivo fomentar en las instituciones compradoras del Estado - a través de la implementación de iniciativas, medidas y prácticas- la mayor utilización en el trabajo diario de productos o servicios que incorporen en su criterios ambientales y sociales, además de los económicos.
En algunos productos y en los sectores de obras y servicios, el impacto puede ser muy significativo, ya que las compras realizadas por los organismos públicos abarcan un importante segmento del mercado: computadores, edificios con eficiencia energética, transportes públicos, etc. Las compras que tienen en cuenta la dimensión ecológica sirven como ejemplo y ejercen una fuerte influencia sobre el mercado, fomentando la utilización de nuevas tecnologías.
Sin duda falta mucho por avanzar en materia de compras sustentables, actualmente la regulación no contempla todas las condiciones mínimas, no está clara la responsabilidad del productor, no hay decisión específica respecto de si la cadena será de responsabilidad ampliada o acotada, sólo contamos con buenas intenciones de algunas empresas.
Se requiere además preparación específica en los compradores públicos para implementar compras sustentables, ya que analizar los productos y servicios con una visión de costo total no es una práctica natural, y por tanto los beneficios de realizar compras sustentables son aún menos visibles.
Por otro lado en materia de desarrollo de mercado, Chile no cuenta con una gama amplia de empresas de reciclaje ni tiene un fuerte desarrollo en materia de certificación de procesos productivos.
Sin embargo, actualmente es viable lograr pequeños y rápidos avances, de bajo costo y alta visibilidad, como las instalación de criterios de este tipo en parte de las compras públicas o la generación de listas de productos que deben considerar criterios de impacto social y ambiental en sus procesos de contratación, a ser utilizadas como guía por los compradores públicos, lo que abre las puertas para avanzar rápido, en virtud de la posibilidad de replicar buenas experiencias.
Con todo, es relevante tener presente la transversalidad del tema, lograr hacer coincidir criterios y coordinar actores en torno a la discusión respeto a qué pasos seguir, dado la gran cantidad de interrogantes que aún faltan por despejar.